Lugo Monumental denuncia el 'yo invito, tú pagas' en el Plan Reanima del Ayuntamiento de Lug

• La Asociación Lugo Monumental denuncia que el complemento del 30% de los salarios que el Ayuntamiento se comprometió a asumir lo pagan realmente las empresas lucenses.

• Al tratarse de una ayuda de un único pago, la situación será cada vez más gravosa, ya que cada mes la empresa ha de completar la base reguladora.

• Toda ayuda es bienvenida en este grave momento, pero no es aceptable que se anuncie una subvención a los trabajadores que finalmente tendrían que suportar mayoritariamente las empresas.

La Asociación Lugo Monumental apoyó decidida y públicamente al Ayuntamiento de Lugo desde el primer momento en que anunció que aportaría una partida económica de 5 millones de euros para abonar el 30% de la base reguladora que no cubre la prestación por desempleo a los trabajadores de las empresas lucenses que recurrieran a la tramitación de un ERE temporal (los llamados ERTEs).

Sin embargo, nos vemos obligados a denunciar que la realidad es bien distinta, y la concreción del plan hace que sean las empresas las que realmente asuman el grueso de estos costes a cambio de una pequeña ayuda municipal que ni por asomo cumple con lo prometido.

Llama la atención que cuantos más trabajadores tenga una empresa más perjudicada se verá por las ayudas lo que pone en entredicho el fin último del plan y su lógica.

Para hacer una comparación estableceremos unos criterios idénticos: empresas cuyos empleados tienen una base reguladora de 1.000 euros. Para acceder a la ayuda municipal han de completar el 30% que no cubre la prestación por desempleo de cada trabajador (es decir, 300 euros mensuales por empleado) en caso de un ERE.

* La ayuda es de 180 euros por trabajador en empresas con 1 a 9 empleados y de 120 en entidades con 10 a 50.

Como se puede observar en la tabla el compromiso que la empresa ha de adquirir de completar el 100% de la base reguladora en ningún caso se ve compensado por las ayudas municipales (no cubre ni la primera mensualidad), y puede ser muy perjudicial en función de la duración del Estado de Alarma.

En los casos de empresas que NO hagan un ERE la ayuda es de 600 euros por trabajador. Teniendo en cuenta que en ese caso la empresa también ha de hacerse cago de los costes de seguridad social (en el ERE de fuerza mayor están exentas) los gastos se disparan muy por encima de lo reflejado en la tabla.

Esto hace que ese compromiso del Ayuntamiento realmente lo paguen las empresas, no la administración local.

Una duración incierta, un pago único:

Las diferentes prórrogas del Estado de Alarma complican más las cosas. Mientras la subvención del Ayuntamiento es un pago único (es decir, que no se paga por cada mes sino solo una vez), el compromiso de completar la base reguladora permanece en el tiempo. En la tabla podemos observar que una empresa con dos empleados perdería 240 euros el primer mes, 840 el segundo y tendría que poner 1.440 euros si se alcanza el tercero.

El Gobierno de la Nación habla de prórrogas por sectores que podrían llegar a diciembre, un escenario que esperamos que sea improbable pero que en este ejemplo supondría para la empresa poner 5.700 euros de los que el Ayuntamiento solo subvencionaría 360 lo que implica una carga de 5.340 euros para las PYMES lucenses.

Por si todo esto fuera poco, la tabla recoge una situación con una base reguladora de 1.000 euros, pero cuanto mayor sea ésta mayor es la desigualdad, ya que en vez de establecerse un pago en función de la base reguladora a completar se estableció una cantidad fija totalmente arbitraria.

Advertencias previas y otros problemas:

Antes de publicarse las ayudas, y en base a la información de que se disponía, Lugo Monumental ya advirtió de esta cuestión al Ayuntamiento con total lealtad, proponiendo que si realmente se quería cumplir el compromiso anunciado los trabajadores solicitasen directamente esa ayuda (sin mediación de terceros) aportando el certificado de empresa en que se recoge toda la información necesaria.

Además de este problema, la Asociación advirtió de otras cuestiones preocupantes, como la desprotección de los autónomos colaboradores, una figura que no puede acceder a las ayudas pero que tampoco puede entrar en un ERE al no ser trabajador por cuenta ajena, o de la confusa redacción que no permite aclarar los destinatarios.

También se advirtió de lo absurdo de exigir una reducción de facturación del 75% en el mes de marzo (pidiendo la ayuda en abril, como es lógico) cuando hasta mediados de mes la situación aparentaba normalidad, con lo que no hay esa reducción de ingresos. Por otro lado hay empresas que no pueden demostrar esa caída por estar en módulos.

La administración, como es patente, desoyó todos estos avisos.